El envejecimiento poblacional está redefiniendo las políticas de pensiones en los países miembros de la OCDE. En su último informe, el organismo internacional alertó sobre la necesidad urgente de adaptar los sistemas previsionales a una realidad demográfica cada vez más desafiante, donde la expectativa de vida aumenta y la población activa se reduce.
A diferencia de países como Dinamarca y Estonia —que ya proyectan elevar la edad de jubilación hasta los 74 y 71 años respectivamente— Chile se mantiene con una edad de retiro de 65 años, sin reformas en carpeta. Este rezago es particularmente preocupante si se considera que, actualmente, por cada 100 personas en edad de trabajar (20 a 64 años), ya hay 33 adultos mayores. Para 2050, esa proporción aumentará a 52, presionando aún más el sistema previsional.
La OCDE estima que más de la mitad de sus países miembros aumentarán la edad de jubilación debido a esta tendencia global. En promedio, quienes se retiran en 2024 lo hacen a los 64,7 años (hombres) y 63,9 años (mujeres). Para quienes inician su vida laboral hoy, la edad esperada de retiro sube a 66,4 años en hombres y 65,9 en mujeres.
Uno de los puntos más críticos para Chile es la baja tasa de empleo entre personas de 55 a 64 años: apenas un 61,2 %, por debajo del promedio OCDE (65,5 %). Esto se suma a un gasto público en pensiones que, aunque proyectado al alza, sigue siendo bajo en comparación internacional: mientras el promedio de la OCDE subirá de 8,8 % a 10 % del PIB hacia 2050, Chile pasará solo del 3,4 % al 4,4 %. En contraste, países como Italia ya destinan un 15,6 % de su PIB a pensiones.
Otro desafío estructural en el ámbito previsional es la brecha de género. A pesar de una leve mejoría en la última década, la diferencia promedio en pensiones entre hombres y mujeres en los países de la OCDE se mantiene alta: 22,8 %. Chile, con una brecha de 21,5 %, se encuentra ligeramente bajo el promedio, pero aún lejos de cerrar la distancia.
La evidencia es clara: Chile enfrenta un escenario complejo donde la falta de reformas estructurales en edad de jubilación, una baja inserción laboral de los mayores de 55 años, y un gasto fiscal reducido en pensiones podrían agravar la situación de los futuros jubilados. Si no se toman medidas oportunas, el sistema previsional podría resultar insuficiente ante una población cada vez más envejecida y vulnerable.
