La Corte Suprema revocó la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que había acogido un recurso de protección en favor de la Comunidad Atacameña de Talabre. El máximo tribunal del país desestimó la acción judicial que buscaba detener el proyecto de exploración minera «Salinas», ubicado en la Región de Antofagasta, permitiendo así que las faenas de prospección puedan retomar su curso legal.
El conflicto se originó cuando la comunidad indígena denunció que el proyecto minero afectaba sitios de alto valor arqueológico y ceremonial dentro de su territorio ancestral. En primera instancia, el tribunal de alzada antofagastino había ordenado la paralización de las obras, argumentando que se requería una Consulta Indígena previa para evaluar los impactos directos sobre los recursos naturales y la cultura del pueblo atacameño.
Sin embargo, tras analizar los antecedentes, la Tercera Sala de la Corte Suprema determinó que el proyecto cuenta con las autorizaciones administrativas correspondientes para la etapa de exploración. Los ministros consideraron que, en esta fase inicial de búsqueda de minerales, no se ha acreditado una afectación directa y permanente que justifique la aplicación obligatoria de la consulta establecida en el Convenio 169 de la OIT.
El fallo del máximo tribunal subrayó que la empresa responsable del proyecto cumplió con la normativa ambiental vigente al ingresar mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA). La resolución establece que las medidas de mitigación y los protocolos de hallazgos arqueológicos previstos en dicha declaración son suficientes para resguardar el patrimonio del sector durante las perforaciones y calicatas programadas.
Desde la Comunidad Atacameña de Talabre expresaron su preocupación ante esta decisión, asegurando que la actividad minera en la zona de Salinas pone en riesgo el equilibrio ecosistémico y el acceso al agua. Los dirigentes locales sostienen que la exploración minera es solo el primer paso de una intervención mayor que podría alterar definitivamente su modo de vida tradicional y la protección de sus tierras.
Por su parte, el sector minero recibió el dictamen como una señal de certeza jurídica para el desarrollo de nuevas inversiones en el norte del país. Con este pronunciamiento, la Corte Suprema reafirma que los proyectos de exploración que no generen impactos ambientales significativos pueden avanzar sin la necesidad de procesos de consulta indígena extensos, siempre que respeten las normas de protección del patrimonio arqueológico nacional.
