La Comunidad Atacameña Lickanantay de Toconao presentó una acción judicial ante los tribunales competentes con el objetivo de frenar el avance de un proyecto minero que, según denuncian, pone en serio riesgo los recursos hídricos y los ecosistemas frágiles del Salar de Tara, ubicado en la Región de Antofagasta. La acción legal busca paralizar las faenas autorizadas en la zona hasta que se evalúen ambientalmente de forma adecuada los impactos reales sobre el territorio ancestral.
Los representantes de la comunidad originaria argumentaron que las operaciones de prospección y eventual extracción minera se emplazan en un área de altísimo valor biodiverso y cultural, que además cuenta con protección internacional al ser considerada un sitio Ramsar (humedal de importancia mundial). De acuerdo con los recursos presentados, las actividades de la empresa privada amenazan las fuentes de agua subterráneas y superficiales que sustentan la fauna local, afectando directamente los bofedales y la subsistencia de las prácticas tradicionales de la comunidad.
Uno de los puntos críticos denunciados por la defensa jurídica de los comuneros es la falta de una Consulta Indígena previa, libre e informada, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT para proyectos que afecten directamente los territorios de los pueblos originarios. La comunidad acusa que las autorizaciones sectoriales vigentes se entregaron omitiendo la participación de los habitantes locales, lo que vulnera sus derechos fundamentales y las normativas de protección ambiental del propio Estado chileno.
Con esta ofensiva judicial, se busca sentar un precedente en la protección de las cuencas hídricas del norte del país frente a la expansión de la actividad industrial y extractiva en áreas protegidas. Los dirigentes enfatizaron que no darán pie atrás en la defensa del Salar de Tara, exigiendo que se priorice la sustentabilidad hídrica y el respeto a la herencia cultural de la región por sobre los intereses comerciales de las compañías mineras.
