Un lapidario catastro sectorial reveló la magnitud del impacto que tiene la excesiva burocracia en la tramitación de proyectos en el país. De acuerdo con el último informe de la Corporación de Bienes de Capital (CBC), un total de 43.140 puestos de trabajo potenciales y miles de millones de dólares en inversión privada se encuentran actualmente paralizados o retrasados debido a la denominada «permisología».
El estudio técnico detalla que las trabas administrativas y la lentitud en la entrega de resoluciones ambientales y sectoriales mantienen bajo llave importantes proyectos de inversión que ya cuentan con capitales aprobados. Las áreas más golpeadas por este freno regulatorio corresponden a infraestructura vial, energía y minería, sectores clave para revertir el complejo escenario macroeconómico que atraviesa la actividad nacional.
Desde los gremios empresariales y técnicos advierten que la tardanza de los servicios públicos en visar los permisos no solo ahuyenta la llegada de nuevos capitales extranjeros, sino que asfixia la reactivación del empleo. El informe recalca que la materialización de estas plazas laborales congeladas permitiría absorber de forma inmediata parte de las cifras de desocupación que presionan a las distintas regiones del país.
La controversia por la permisología se instala con fuerza en la agenda política en momentos donde el Banco Central viene de reportar la peor caída de la actividad económica en casi dos décadas. Ante este escenario de estancamiento, la oposición y los líderes de la industria han endurecido sus exigencias hacia el Gobierno de turno para acelerar la tramitación de las reformas que buscan destrabar y simplificar las exigencias del sistema de evaluación.
El Ejecutivo, por su parte, apuesta a que la agenda de «pro-crecimiento» y los compromisos de modernización del Estado logren acortar los plazos de tramitación de las carteras rezagadas hacia el segundo semestre. No obstante, analistas del mercado insisten en que, sin señales de certeza jurídica potentes y un rediseño profundo de las agencias fiscalizadoras, los montos identificados por la CBC seguirán atrapados en la burocracia en lugar de dinamizar la economía real.
