El Primer Tribunal Ambiental acogió a trámite una reclamación interpuesta por la Cooperativa Agrícola de Colonización Illapel Ltda. y un grupo de agricultores locales, abriendo la revisión judicial sobre la aprobación ambiental del proyecto «Continuidad Operacional Minera Tres Valles». La iniciativa, perteneciente a la Compañía Minera Tres Valles SpA, contempla extender las operaciones del yacimiento hasta el año 2037 en las comunas de Illapel y Salamanca, en la provincia del Choapa.
La acción legal se dirige en contra de la resolución del director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), la cual rechazó los recursos administrativos de la comunidad y mantuvo la calificación favorable del proyecto. Los reclamantes sostienen que la iniciativa corresponde a una modificación sustantiva de la faena original y que, por ende, debía someterse a evaluación obligatoria a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) con una línea de base actualizada, en lugar de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
Entre los principales argumentos expuestos por los agricultores destacan la falta de consideración de las observaciones ciudadanas durante la tramitación, potenciales riesgos sobre los recursos hídricos de las quebradas de Manquehua y Cárcamo, y el eventual impacto en los sistemas de Agua Potable Rural (APR) y actividades productivas de la zona. Bajo este diagnóstico, solicitaron dejar sin efecto la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) o, de forma subsidiaria, retrotraer el proceso para incluir los antecedentes de procedimientos sancionatorios tramitados ante la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).
Con la admisión a trámite, el órgano jurisdiccional requirió al SEA la entrega de los informes técnicos que fundamenten su decisión y la remisión del expediente administrativo completo. En paralelo, los ministros mantienen bajo análisis la solicitud de medidas cautelares efectuada por las comunidades para suspender la vigencia de la RCA mientras se resuelve el fondo del conflicto en los tribunales.
