La Sociedad Nacional de Minería (Sonami) manifestó su profunda preocupación por el impacto que está generando el nuevo sistema de cálculo y pago de patentes mineras. Según el gremio, el incremento en los costos de mantenimiento de las concesiones está golpeando con especial fuerza a la pequeña minería, poniendo en jaque la continuidad de miles de faenas a lo largo del país.
Desde la organización explicaron que el fuerte aumento en los valores de las patentes no distingue adecuadamente la escala de producción ni la capacidad económica de los pequeños mineros. Esta situación ha provocado que muchos productores no puedan costear el derecho a conservar sus pertenencias, lo que abre la puerta a que pierdan sus concesiones tras años de trabajo.
El gremio advirtió que este escenario fomenta la concentración de la propiedad minera en manos de grandes empresas o inversionistas con mayor espalda financiera, dejando fuera de competencia al minero artesanal y de pequeña escala. Para la Sonami, se trata de una barrera de entrada que desincentiva la exploración y el desarrollo de nuevos proyectos en sectores tradicionales.
Ante esta crisis, los representantes mineros hicieron un llamado urgente a las autoridades para revisar la normativa vigente y establecer mecanismos de alivio o diferenciación para el sector. Proponen que se apliquen criterios de proporcionalidad que permitan a los pequeños pirquineros y asociaciones mineras seguir operando sin la presión de un costo que consideran desmedido.
El impacto no es solo económico, sino también social, ya que la pequeña minería es el motor principal de la economía en diversas comunas del norte chico y la zona central. De no mediar cambios, advierten desde la Sonami, se podría ver una caída drástica en el empleo local y un aumento de la informalidad en las zonas donde la minería es la única alternativa de sustento.
Finalmente, el gremio espera que se abra una mesa de diálogo con el Ministerio de Minería para buscar una solución legislativa o administrativa que proteja a los pequeños productores. El objetivo es asegurar que la regulación ayude a dinamizar el sector y no se convierta en una herramienta que termine por extinguir una de las actividades con mayor arraigo en la historia del país.
