El gobierno chileno ha manifestado su intención de licitar la exploración de nuevos salares ricos en litio en 2024. Sin embargo, las definiciones actuales, consideradas ambiguas por muchos interesados, brindan un panorama complejo y complicado con posibles demandas judiciales.
Las tres preocupaciones principales giran en torno al respeto de las pertenencias mineras ya establecidas, los procesos de consulta indígena y, sobre todo, la duda sobre si vale la pena invertir en exploración si no hay garantía de explotación futura.
A tan solo cuatro meses de su presentación, la política nacional del litio ha estado marcada por la incertidumbre. El foco inicial fue la negociación con SQM sobre el ingreso del Estado al Salar de Atacama, principal fuente de extracción de litio del país y del mundo.
Sin embargo, otro aspecto esencial de esta política es la incorporación de otros salares al proceso de extracción. Pese al apoyo inicial, el paso del tiempo ha traído más dudas que respuestas claras.
El presidente Gabriel Boric, en abril, señaló que los salares que se consideren aptos para la explotación iniciarán un proceso de licitación transparente, dando preferencia a privados. Si la exploración resulta prometedora, el privado tendría prioridad para solicitar un contrato de explotación en asociación con una empresa estatal.
Esta estrategia, sin embargo, está vinculada a la creación de una red de salares protegidos, cumpliendo con compromisos ambientales internacionales. Este enfoque plantea un dilema, pues choca con la necesidad de explorar y explotar recursos valiosos como el litio.
Otra complejidad surge de un proceso de licitación anterior, liderado por el gobierno de Sebastián Piñera, que fue rechazado por la Corte Suprema. La razón: no se respetó el Convenio 169 de la OIT, que estipula consultas obligatorias a comunidades indígenas. Las palabras recientes de la ministra de Minería, Marcela Hernando, indican que la exploración es la prioridad para evitar demoras en procesos administrativos y consultas.
A esto se suman preocupaciones sobre las pertenencias existentes. Quienes ganen una licitación podrían tener que negociar con los actuales dueños de los derechos mineros, lo que podría incrementar significativamente los costos.
Varios expertos, como Aldo Boitano de CleanTech Lithium y Rodrigo Dupouy de Sorcia Minerals, resaltan la necesidad de claridad y seguridad jurídica. Ambos subrayan la importancia de un proceso integrado de exploración y explotación para asegurar inversiones sustanciales.
Finalmente, aunque se reconoce la intención positiva de la política nacional del litio, aún se espera que se aclaren las definiciones y se garanticen los derechos y consultas necesarias para evitar conflictos futuros.
